“LA LEGALIDAD TE DA FUTURO BUCARAMANGA”

“LA LEGALIDAD TE DA FUTURO BUCARAMANGA”

Parte I



Para un luchador que quiere un Mundo verde mejor.


“Si los hombres hubiesen sido organizados por la naturaleza de modo que la razón dirigiese siempre sus deseos, la sociedad no tendría necesidad de leyes; bastaría enseñar a los hombres de verdaderos preceptos sin violencia y sin esfuerzo, todo lo que les fuese verdaderamente útil” Filósofo neerlandés Baruch Spinoza


[1]Esta campaña nace con el objetivo generar estrategias concretas que permitan la promoción del desarrollo del Municipio de Bucaramanga, mediante la motivación a los actores del sector del comercio, construcción, industrial y de servicios que no se encuentran realizando sus actividades con el cumplimiento de todos los requisitos legales para que se formalicen y vean en la legalidad de sus acciones, los valores agregados importantes en la construcción de un tejido social, ambiental y empresarial que beneficie a todos.



¿Qué podemos decir sobre el desarrollo económico sostenible y la calidad de vida?

Podemos decir que estos se relacionan con incentivar la conformación de un sistema productivo sólido y dinámico, que respete al ser y una cultura enmarcada en el beneficio colectivo. Ello implica necesariamente instaurar redes en las que interactúen y se relacionen la población, actores locales, recursos y actividades económicas con la identificación de la cultura de la legalidad la cual es el soporte de una mejor calidad vida. Estas relaciones forman redes de conocimiento y confianza que en el largo plazo generaran pautas de comportamiento generalizado, haciendo de este intercambio un activo valioso para el municipio al impulsar la legalidad, innovación, productividad y la competitividad empresarial.


Tomando las palabras del filósofo neerlandés Baruch Spinoza, podemos decir que: La generación de la cultura de la legalidad en el ADN de los emprendedores de Bucaramanga, será la identidad de nuestro desarrollo sostenible.


Por su parte, el papel de administración Municipal en el proceso de conformación de los sistemas productivos es fundamental en la construcción y fortalecimiento de territorios inteligentes, planificados con capacidad de generación de empleo digno de alto valor agregado, esto a partir de su capacidad de estimular en la población emprendedora las mejores prácticas donde la legalidad es el componente real de un futuro próspero y sostenible, donde La legalidad te da Futuro.


Es también responsabilidad de la administración, liderar en el sector productivo las gestas necesarias en las cuales la interacción de la administración municipal con los actores del desarrollo económico puedan multiplicar sus gestiones y aumentar el impacto social positivo en la región. De aquí nos nacen tareas específicas las cuales la Secretaria del Interior, será un soporte de esta política trabajando incansablemente para la ejecución de actividades que logren en el sector productivo afianzar los compromisos sociales con la comunidad así como, ser un aliado estratégico y colaborador para que las áreas de administración responsables de liderar los procesos que contribuyan al cumplimiento del plan de desarrollo encuentren la ayuda idónea y poder cumplir así entre todos cumplir con el objeto misional de la ALCALDIA “SER CONSTRUCTORES SOCIALES”.


Documento CONPES 3718: Política Nacional de Espacio Público


La estrategia “Construir Ciudades Amables” de la Visión Colombia 2019, plantea que para lograr una sociedad más justa y con mayores oportunidades será de gran importancia la consolidación de un espacio público accesible, adecuado y suficiente para la totalidad de los ciudadanos. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010 – 2014: Prosperidad para Todos, establece la construcción de la Política Nacional de Espacio Público, mediante la cual se apoyará a las entidades territoriales en el fortalecimiento de su capacidad institucional y administrativa para la planeación, gestión, financiación y sostenibilidad del espacio público. En el marco antes señalado, el CONPES 3718 está dirigido a establecer la Política Nacional de Espacio Público frente a cuatro ejes problemáticos: i) dificultades institucionales para el financiamiento, asistencia técnica, gestión, información y control del espacio público; ii) imprecisión en los conceptos y normas asociadas con el espacio público; iii) debilidades en la aplicación de los instrumentos para planear, ordenar y diseñar el espacio público en las entidades territoriales y autoridades ambientales, y; iv) falta v) falta de apropiación colectiva de los espacios públicos y dificultades para conciliar los intereses públicos y privados en el uso de las áreas destinadas a espacio público.


En respuesta a lo anterior, el documento CONPES 3718 define estrategias, un plan de acción y recomendaciones dirigidas a: i) la precisión de conceptos asociados a la generación, gestión y sostenibilidad del espacio público; ii) el fortalecimiento de la información; iii) la articulación del espacio público en el ordenamiento territorial y ambiental; iv) la articulación de las estrategias sectoriales que intervienen el espacio público, y; v) la gestión y financiación de planes, programas y/o proyectos de espacio público.


Definición y componentes del espacio público[2]


Los bienes de uso público son aquellos de propiedad de la Nación o las entidades territoriales, cuyo uso pertenece a todos los habitantes de un territorio y tinene el carácter de inalienabes, imprescriptibles e inembargables (Artículo 63 de la Constitución Política).


Bajo este contexto, y exclusivamente para los fines del desarrollo urbano o territorial, la Ley 9a de 1989 y el Decreto 1504 de 1998 definen el espacio público como el “conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes” (Artículos 5° y 2°, respectivamente). Según el Decreto 1504 de 1998, el espacio público está integrado por la suma de elementos constitutivos naturales, artificiales y complementarios.


Espacio Público Efectivo (EFE)


Para efectos de garantizar la planeación y gestión del espacio público en los POT, y fundamentalmente para monitorear el déficit cuantitativo y cualitativo del mismo en las ciudades, el Artículo 14 del Decreto 1504 de 1998 estableció la categoría de Espacio Público Efectivo, que corresponde al espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. Para efectos de su medición, se estableció un indicador de espacio público por habitante y un índice mínimo de EPE de 15 m2


Seguridad Ciudadana, bien público eje de desarrollo social

La exclusión social, vinculada a la desigualdad de la distribución de ingreso, riqueza y oportunidades, tiende a multiplicar obstáculos para un desarrollo con democracia. Entre éstos destacan “los costos de la violencia y el crimen en América Latina que alcanzan alrededor de una décima parte del PIB” (Ibíd., pp. 233-240).


El desarrollo social en una ciudad es una muestra de la sostenibilidad del territorio. Una Ciudad Sostenible es aquella que proporciona una alta calidad de vida a sus habitantes, existiendo un entendimiento mutuo entre ciudadanía y gobierno, promoviendo el desarrollo urbano ordenado, compacto y con un alto índice de entropía urbana.


Desde el punto de vista del desarrollo económico, la seguridad pública ejerce el valor indispensable para la gestión de inversión de confianza, que permite el desarrollo de proyectos en todos los niveles de la vida en sociedad. La seguiridad como motor de crecimiento permite al ciudadano dar el paso a sus iniciativas y asi impulsar el desarrollo socioeconómico con oportunidades, de forma equitativa y competitiva. En el marco del medio ambiente, la seguirdad pública atiende de manera prioritaria el manejo de los recursos naturales, zonas con actividades productivas y conservación de sus ecosistemas y su aprovechamiento de manera responsable y sustentable.


La seguridad ciudadana es un bien público que comprende el respeto y cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, la garantía del goce de una convivencia cotidiana segura y pacífica, respetando las normas, promoviendo la cultura de la legalidad y fortaleciendo la confianza entre los ciudadanos. La seguridad ciudadana va más allá de la prevención de las violencias y de la lucha contra los delitos; abarca conceptos, realidades y acciones más amplias, relacionados con el cumplimiento de normas de convivencia; la resolución de conflictos, la eficiencia del sistema de justicia y del sistema penitenciario, entre otros.


La visión de la seguridad en las últimas décadas ha ido evolucionando hacia un abordaje más integral, enfatizando cada vez más en su correlación con los asuntos sociales, políticos y culturales en los cuales el centro de las intervenciones es la creación de condiciones para la garantía de derechos y libertades de los individuos, haciendo que el esfuerzo para lograr una Ciudad Segura debe ser con carácter multisectorial, involucrando a todos los niveles de gobierno debiendo integrar la acción conjunta con la sociedad. Estos cambios han sido impulsados por las transformaciones en las realidades de los países, conllevan a una visión más amplia frente a la multiplicidad de amenazas que atentan contra la vida y el bienestar de las personas, incluyendo los conflictos comunitarios, la inseguridad en los espacios públicos y privados, la violencia política, las amenazas a la salud y a la integridad personal; los desastres naturales, las guerras, etc. (PNUD, 2013; p. 5).


La seguridad pública como la función que tiene por objeto prevenir y perseguir las infracciones y los delitos, sancionarlos y lograr la readaptación social, preservar las libertades, el orden y la paz pública debe estar fortalecida con procesos de innovación tecnológica que fortalezcan la función prevención, la función protectora de la legalidad, que incluye todos los esfuerzos de vigilancia policial y las medidas necesarias para evitar las conductas delictivas e infractoras de la ley.

El territorio Colombiano atraviesa por una situación especial de inseguridad tanto en la parte urbana como en la rural. En las poblaciones urbanas “la promesa del post-conflicto” dispara los problemas sociales, acentuado la violencia, ya que muchos de los problemas relacionados con el narcotrafico no tendrán una solución en el corto plazo, y el acomodo a la legalidad de los grupos insurgentes tendrá altibajos relacionados con la prontitud de integrar socialmente aquellos que por muchos años solo han apretado un “gatillo” como forma de supervivencia.


Bucaramanga como ciudad principal del oriente Colombiano, no será agena al incremento en los indices de inseguiridad ciudadana que se maniesta en el aumento de los robos, incremento de comercialización y consumo de drogas prohibidas, asesinatos y demas acciones de los grupos delincuenciales. El dinamismo de la ciudad y su relación economica con áreas como la frontera con venezuela, el magdalena medio, el sur de la costa, la cercania al área del catatumbo y sus interacciones propias del territorio, lé exigen como Ciudad estar un paso adelante a los de al problemática en seguiridad pública. Es claro, si no hay seguridad la confianza se deteriora aumentando la brecha social que generá el desplazamiento de la inversión, la dinamica comercial y el amjento del miedo que afecta negativamente la generación de empleos de calidad. Atender las problemáticas de la convivencia y la seguridad ciudadana, es uno de los mayores desafíos para las autoridades. Ellas afectan seriamente el desarrollo, y producen importantes efectos en la vida política, económica y social de nuestra ciudad.


Los Bumangueses demandan acciones contundentes en contra del crimen organizado, el contrabando, el desorden de los vendedores informales y en contra de los delincuentes comunes. Mediante el impacto de políticas públicas integrales, la seguridad pública como columna principal para el desarrollo ambientalmente sostenible de nuestra Ciudad y eje de impacto positivo en la construcción del capital social, producirá las instancias de valor productivo y códigos de convivencia que mitiguen la violencia e incrementen la gobernalidad.


Innovación empresarial para el Desarrollo local


Cuando se habla de desarrollo local, se considera implícita el reconocimiento del factor innovación empresarial, debido a la estrecha relación entre estas variables. De manera que para determinar cómo es que se encuentran conectas y para destacar la importancia del desarrollo y fortalecimiento de sistemas productivos locales, es necesario en primera instancia definir qué se entiende por desarrollo local y posteriormente identificar las razones por las que es necesario priorizar las políticas que persigan los objetivos de la productividad y de la competitividad empresarial, que apoyen la generación de Ciencia, Tecnología e Innovación y que vayan de la mano con la equidad y el bienestar social.


El desarrollo, se conforma en esencia por una dimensión económica, conformada por un sistema de producción que conduce a los empresarios locales a usar eficientemente los factores productivos, generar economías de escala y aumentar la productividad a niveles que permiten mejorar la competitividad en los mercados; por otra parte se encuentra la dimensión sociocultural, que integra las relaciones económicas y sociales, las instituciones locales y los valores, en pro del desarrollo. Finalmente se encuentra la dimensión política y administrativa, encargada de crear el ambiente propicio para crear un entorno local favorable que despliegue iniciativas encaminadas a la producción y que logren impulsar el desarrollo (CEPAL, 2001).


El desarrollo apunta a la construcción de un sistema productivo que contenga una capacidad empresarial y organizativa fuertemente articulada, capaz de acoger la mano de obra local, siendo ésta última, capacitada para realizar las tareas que desempeña y con una cultura adaptada al cambio que incorpore el fenómeno de la innovación como un factor educativo, social y económico.


Es posible inferir que cualquier política pública apunta fundamentalmente a alguna de las dimensiones que contempla el desarrollo local, en ese sentido cabe aclarar que en conjunto se deben dirigir al mejoramiento del bienestar social, pues el desarrollo no sólo comprende el crecimiento cuantitativo de las variables indicativas sino también el cambio cuantitativo de las estructuras económicas y sociales, de manera que es un reflejo del crecimiento dentro del mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general.


Vázquez Barquero, define el desarrollo económico local como “un proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o una región. Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo se puede convenir en denominarla desarrollo local endógeno”. Este autor establece además que los determinantes del desarrollo endógeno son la creación y difusión de innovaciones, la organización flexible de la producción, el desarrollo urbano del territorio y el desarrollo de las instituciones (Vázquez, Desarrollo endógeno y globalización, 2001)

Entre los cuatro factores mencionados por Vázquez, es el de la innovación el que se ha generalizado como el generador de procesos de desarrollo. Este factor logra que al interior del sistema productivo local se genere una dinámica de competitividad que se consolida internamente y puede fortalecer territorialmente cuando se trata de mercados externos. Cabe resaltar que esta innovación se genera de manera incremental en contextos de incertidumbre y que también puede darse en el contexto pymes, aunque son las redes de empresas y los agrupamientos los que favorecen la creación y difusión del conocimiento que la sustenta (Varisco, 2007).

Una de las principales estrategias de promoción del desarrollo local, es la de incentivar la conformación de un sistema productivo, ello implica necesariamente instaurar redes empresariales en las que interactúen actores locales, recursos, actividades económicas y sus relaciones (CEPAL, 2001). Estas relaciones, no sólo hacen que se intercambien bienes y servicios entre los actores, sino que inciden en la formación de redes de conocimiento, confianza y relaciones que en el largo plazo pueden generar ajustes culturales en el tejido económico y empresarial local y regional.


Esta sinergia, conformada por relaciones de competencia y cooperación entre empresas, combina esfuerzos que pueden dar como resultado economías de escala que se traducen finalmente en desarrollo local.


Lo anterior indica que las redes empresariales poseen la capacidad de intervenir en los procesos de crecimiento a través del conocimiento, logrando cambios estructurales del sistema económico local. De manera que es posible indicar que el desarrollo económico depende necesariamente de la innovación de productos y de procesos que impulsen la transformación del sistema productivo local.

Por otra parte, cuando se habla de innovación, es preciso resaltar que la cultura que guía a la población es más que un instrumento facilitador de los procesos de desarrollo, en tanto que los mecanismos que les favorecen tienen que ver con la proyección y utilización de las capacidades de los ciudadanos y con la capacidad creativa y emprendedora de la población (Vázquez, Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo territorial., 2007). Entonces, el centro de la innovación como propulsor del desarrollo reside justamente en las capacidades humanas, especialmente en la capacidad creadora de la población, que es una de las claves del proceso de acumulación de capital al interior de los sistemas económicos locales.


Al igual que la cultura, las instituciones promueven el desarrollo local con la toma de decisiones de inversión, exenciones y localización. La economía local se mueve siguiendo una dinámica legal ya establecida, sigue normas e instituciones específicas que se han desplegado con el tiempo. Teniendo en cuenta que los agentes económicos toman decisiones en el entorno organizativo e institucional, es el tipo de instituciones existentes el que facilitará o dificultará la actividad económica.[3]


La experiencia ha mostrado que el desarrollo económico local, toma fuerza en los territorios cuyo sistema institucional reconoce e interactúa con el papel transformador de la cultura de la innovación, el emprendimiento y el empresarismo, solo en aquellos espacios con propensión a tejidos de valor agregado social y productivo se puede hablar de desarrollo y crecimiento económico incluyente. La institucionalidad puede reducir los costos de negociación y de producción, aumentar la confianza de los actores que intervienen en los procesos productivos, estimular la capacidad empresarial, fortalecer las relaciones al interior de las aglomeraciones e instaurar mecanismos de aprendizaje y de interacción. El establecimento de Instituciones fuertes que generen Gobernanza, el reestablemciento de la Ley y fortalecmiento de la Seguridad Pública, darán los elemtos claves en la construcción de una ciudad incluyente, innovadora socialmente y sostenible, bajo la logica, la etica y estetica de una ciuadad pujante y trasformadora.


En este contexto, se presenta a continuación un esquema para el fortalecimiento del sistema empresarial local y el ordenamiento de la ciudad, a través de acciones lideradas por la Alcaldia, que promuevan el empleo, la innovación empresarial, la producción de bienes y servicios locales con perspectiva nacional e internacional, permitiendo inversiones sostenibles y el fortalecimiento del circulo de la CONFIANZA base importante de nuestro ADN como ciudadanos.

Desconfianza y confianza: dilema de la gobernabilidad[3]


Uno de los pilares fundamentales de la gobernabilidad es la confianza social. Ella sostiene los cimientos básicos del entendimiento y convivencia. Por ello la desconfianza social resulta un peligro para la proyección de los Estado y de la sociedad.


En este punto se consideran dos campos de análisis. El primero trata de explicar cómo en las ciudades el nivel de violencia depende de factores como la calidad de vida, la segregación residencial y fuertemente de la desigualdad de ingreso. El segundo intenta mostrar qué las dinámicas de capital social en base a la confianza pueden generar condiciones de convivencia que permitan mejorar la calidad de la gobernabilidad.


Desconfianza en la urbe:

Si se asumen las correlaciones establecidas por los procedimientos econométricos (ver Camara y Salama, op. cit.) una urbanización descontrolada caracterizada tanto por vacíos locales de gobierno como por la segregación residencial y la desigualdad de ingreso erosionan la confianza social, en tanto promueven el aumento de la violencia. Esto se explica, según Camara y Salama, porque los coeficientes de correlación muestran que más desigualdad y una urbanización creciente favorecen el aumento de los homicidios, mientras que una mejora del Índice de Desarrollo Humano permite reducirlos. Para que la creciente urbanización sea efectivamente un determinante de la violencia, debe conjugarse con otros factores como la segregación residencial, la mala calidad de vida y la desigualdad de ingreso. La mayor violencia urbana concurre con la fragmentación social, la mayor informalidad, la menor adhesión a normas claras de coviviencia ampliada. Vale decir, con la pérdida de cohesión.


Capital social: aporte a la gobernabilidad

La vasta literatura pertinente destaca que la confianza en las relaciones sociales es un elemento constitutivo de convivencia social y atenuante de la violencia y el crimen (Fajnzylber et. al., 2001). En este marco, el capital social no debe reducirse a un grupo o actividad específica. La confianza social se fortalece en sociedades más homogéneas en acceso al bienestar, con distribución del ingreso más igualitaria y con niveles de educación mayores (ver Ibíd.). La mayor equidad social debe complementarse con interacciones sociales más diversas que prevengan contra la fragmentación y guetización de las ciudades. Esto es fundamental, y no es casual que el efecto de las interacciones sociales sobre el comportamiento criminal sea preocupación de estudios económicos (Ibíd., p. 39).


Por un lado el capital social disminuye costos de transacciones sociales, lo que coadyuva a la resolución pacífica de conflictos. Por otra parte, las comunidades con vínculos más fuertes entre sus miembros están mejor equipadas para organizarse y controlar comportamientos anómicos u oportunistas en la acción colectiva. En este sentido, importa que las políticas públicas promuevan el capital social a través de la incorporación de organizaciones sociales con fuerza representativa y con capacidad para fortalecer vínculos comunitarios. Además, frente a la debilidad del capital social “constructivo”, que permite más vínculos entre actores sociales y el propio aparato de Estado en el campo legal, tienden a fortalecerse formas perversas de capital social que forman enclaves de poder paralelo e ilegal.


Confianza social: instrumento de gobernabilidad[3]


La confianza social es un elemento constitutivo de la cohesión social y se percibe como soporte de la democracia (Véase, CEPAL, 2007, p. 77). Dicha confianza se afirma gracias a las percepciones positivas de los ciudadanos sobre el funcionamiento de la justicia, del cumplimiento de las normas mínimas en la sociedad y el control de las condiciones que determinan el bienestar, junto con conformar actitudes favorables al pluralismo y la no discriminación, credibilidad de las instituciones y la solidaridad (Ibíd., p. 70).


La cohesión social, entendida como sentido de pertenencia, se traduce en las relaciones de solidaridad y responsabilidad sociales. Éstas no sólo dependen de la sociedad civil sino también de la orientación del Estado y de la economía. Al respecto, la sensación de inseguridad económica observada en sondeos y encuestas de opinión, vinculada a la desigualdad de acceso a activos y al impacto de la volatilidad económica sobre los sectores menos protegidos, plantea un problema serio de cohesión social. La persistencia de esta percepción en amplios sectores merma la capacidad del Estado de sostener aceptables grados de confianza en las instituciones y en la legitimidad de la democracia (Véase, CEPAL, 2007, p. 44).


La incapacidad de asegurar los bienes públicos básicos para la población refleja una debilidad del Estado de Derecho, sobretodo cuanto la acción del crimen organizado erosiona la protección que dicho Estado debe garantizar respecto de los bienes públicos (Aravena y Mayor, 2007). Estos bienes se refieren principalmente a las seguridades básicas y a los derechos sociales, económicos y culturales, decisivos para la construcción de cohesión social. Estos derechos se expresan en el carácter universal y normativo de las políticas de Estado, las que en principio garantizan el acceso a servicios y activos que permiten oportunidades de bienestar y promueven la inclusión social. Pero la realidad suele rebasar estos compromisos, sea por falta de recursos, impactos exógenos, concentración de activos o debilidades del propio Estado. Lo que suele darse como elemento corrosivo de la cohesión social, y propiciatorio de la violación del orden público, es una brecha insaldable entre los derechos del de jure y los de facto, que vacían de contenido el discurso de los derechos y corroe el sentido de pertenencia a una comunidad de ciudadanos.


Corrupción el mal de los males.


[3]La corrupción erosiona el imperio de la ley y genera un tratamiento discriminatorio entre los ciudadanos. La institucionalidad democrática debe, en consecuencia, no sólo generar reglas de transparencia y probidad interna, sino también promover internacionalmente mecanismos en esa dirección. En este sentido, la debilidad de la institucionalidad y de la gobernabilidad aparecen reflejadas a través de las cifras de Transparencia Internacional, considerando que los países más pobres y con mayores niveles de desigualdad son más vulnerables a la corrupción (Rojas Aravena y Mayor, p. 28).


[3]La acumulación de capital humano en la población joven y la creación de capital social en la comunidad se ven severamente restringidas ante la acción impune del crimen y la corrupción. Por otro lado, la vulnerabilidad de estos derechos deteriora el valor productivo de la sociedad, en especial en las áreas de la pobreza urbana (Heinemann y Verner, octubre 2006). La corrupción, el tráfico de influencia y la falta de transparencia, si bien varían de un país a otro, corroen la confianza en las instituciones y debilitan el orden normativo de la sociedad, lo cual es caldo de cultivo para la violencia criminal. Cuando la corrupción adquiere un carácter sistémico, afecta la estabilidad de las instituciones democráticas, erosiona el Estado de Derecho y corroe el crecimiento económico y la competitividad (Parker, Norma, 2004, p. 8).


En lo que respecta a la gobernabilidad, el peso de la corrupción se traduce en pérdida de confianza en las instituciones y en el debilitamiento del orden normativo a lo ancho del tejido social. También la falta de eficiencia de las políticas de gobierno, o la incapacidad de la nueva gestión democrática de reducir la pobreza y la desigualdad (tras más de dos décadas de recuperación de la democracia en muchos países de América Latina), hace que una importante cantidad de gobiernos e instituciones democráticas pierden apoyo con motivo de la insatisfacción del desempeño de los gobiernos (Parker, Norma, 2004, p. 8).


Por otro lado la calidad del sector público y su modernización es lenta y discontinua, permitiendo que los procesos públicos sean altamente permeables por la ineficiencia, ineficacia y la no efectividad en la solución de las necesidades de la población. Todavía es frecuente el tráfico de influencias y el clientelismo, y falta instalar e instituir modelos más meritocráticos en la función pública, centrados en el profesionalismo y la vocación de servicio, conjugadas con las aceptaciones sociales que los recursos públicos son un bien común y no un bien de un gobierno en particular. Además, la falta de confianza en las instituciones se asocia a la dificultad del Estado en ejercer claramente funciones de control y fiscalización, impactando altamente en los costos de los procesos públicos y afectando negativamete en la generación de recursos soporte de la inversión social.


Pese a la variedad de instancias, mecanismos y leyes que se han creado contra la corrupción, la falta de formación y gestión de los gobernantes en el manejo de los recursos públicos, hacen que los avances en la normativa no se traduzcan, a los ojos de la sociedad, en una clara reducción de la corrupción o de la impunidad de distintos actores.


La corrupción en fin es el mal de los males de la sociedad, eliminando la confianza y la generación de valor sobre el capital social. La corrupción como síndrome de la indiferencia colectiva, nos condena a un subdesarrollo continuo y al mayor de los costos sociales, eliminando las oportunidades de tener una mejor calidad de vida y acrecentando el miedo social de avanzar con libertad.



El problema:


El municipio de Bucaramanga no ha sido ajeno al crecimiento experimentado en los últimos años por las principales ciudades del país. Particularmente podemos decir, que la Ciudad experimenta un crecimiento acelerado producto de procesos migratorios basados en el desarrollo de la ciudad, su actividad comercial, la excelente oferta educativa y de salud, los bajos niveles de violencia que permiten poder ofrecer soluciones a las necesidades básicas de la población.


En los últimos años pese a los buenos resultados vividos en la economía del país y a tener una tasa de desempleo de las más bajas en Colombia, el crecimiento de la población activa para laborar, la repatriación y emigración a la ciudad ha generado un incremento en los índices de subempleo, por parte de algunos habitantes, quienes en búsqueda de un mejor porvenir económico y a una baja oferta de empleos en el sector productivo frente a la creciente demanda, ha generado los espacios propicios para que las ideas de negocio no formales se lleven a cabo en el sector comercial, en el desarrollo proyectos de construcción y en la manufactura en pequeña escala principalmente, influenciando el espacio público por un largo proceso de transformaciones, relacionadas con los modos de apropiación, ocupación y uso del territorio urbano, cuyos resultados son:


1. Problema Central:

  • El alto incumplimiento a la normatividad para el desarrollo y ejecución en las actividades económicas del Municipio.

1.1 Causas directas:

  • Planeación urbana y territorial desarticulada con el desarrollo económico y social del Municipio.

  • Baja identidad del Municipio.

  • Falta de iniciativas que busquen el desarrollo empresarial y la innovación.

  • Desplazamiento de personas de otras ciudades y países vecinos con mano de obra no calificada.

  • Debilidad en el uso de herramientas de tecnología para la planeación, seguimiento y control de la ciudad.

  • Falta de visión estratégica integral de ciudad.

  • Vigilancia inadecuada de los bienes y lugares públicos.

  • Desconocimiento de la normatividad.​

  • Corrupción

1.2 Causas indirectas:

  • Falta de infraestructura física, vial municipal y regional encaminada a promover la innovación, investigación y desarrollo.

  • Sector empresarial ajeno a las políticas de desarrollo económico del Municipio.

  • Baja confianza de los ciudadanos con la administración municipal.

  • Perdida del potencial de inversión en la ciudad.

  • Políticas económicas no competitivas y sin atractivos para la inversión privada.

  • Baja calidad en los procesos públicos.

  • Mal uso de los recursos públicos.

  • Herramientas tecnológicas de vigilancia y control no apropiadas o no actualizadas.

  • Desigualdad del ingreso urbano entre los pobladores.

1.3 Efectos directos:

  • Crecimiento con baja planificación de las zonas urbanas e interacción de estas con el área metropolitana.

  • Debilitamiento del capital social de la ciudad (CONFIANZA)

  • Falta de oferta de empleo que motive el asentamiento de capital humano capacitado.

  • Bajo recaudo de impuestos versus potencial.

  • Caos de desarrollo urbano en la ciudad.

  • Aumento en los índices de inseguridad en la ciudad.

  • Aumento en los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos en la ciudad.

  • Aumento de la pobreza y el desempleo derivados de la exclusión social.

  • Aumento de la probabilidad de tener sujetos ligados al fenómeno delictivo.

1.4 Efectos indirectos:

  • Desarrollo de infraestructura deficiente para soportar desarrollo sostenible.

  • Escape del capital humano capacitado a otras regiones.

  • Disminución de la participación ciudadana.

  • Baja concurrencia frente al potencial de visitantes a la ciudad.


1.5 Matriz




Acciones principales de la campaña La Legalidad Te Da Futuro:


La responsabilidad de la administración en liderar en el sector productivo gestas necesarias en las cuales, la interacción de la administración municipal con los actores del desarrollo económico serán unas de las claves para el cumplimiento de la misión de administrar un territorio, siendo muy importante que estas busquen multiplicar sus gestiones aumentando el impacto social positivo y capital social del territorio. Es así como nacen tareas específicas las cuales la Secretaria del Interior será una pieza fundamnetal en el engraneje y ejecución de esta campaña, trabajando incansablemente para la ejecución de actividades logren en los sectores sociales y economicos afianzen compromisos con la comunidad; así como ser los aliados estratégicos para que las áreas de administración responsables de liderar el plan de desarrollo encuentren la ayuda idónea y poder cumplir así entre todos con el objeto misional de la ALCALDIA.


Esta campaña está enmarcada en el cumplimiento del plan de desarrollo “El Gobierno de la ciudadanía 2016-2019” y el marco fiscal de mediano plazo 2016- 2024. La sostenibilidad de las finanzas del ente Municipal debe conservarse en todo momento, por lo tanto esta política mantendrá el equilibrio fiscal siendo compatible con ambas.


Ejes de la campaña:


1. De frente a nuestra ciudad: Campaña dirigida a promoción y formalización de las actividades económicas de los ciudadanos.


1.1 Como estamos?

-Diagnóstico: Se realizara un gran inventario de los establecimientos comerciales e industriales de la ciudad, con el objetivo de conocer el estado del cumplimiento de las normas.

-Concertación: Con el diagnóstico realizado se organizara unos talleres participativos donde los lideres sociales, comerciales e industriales junto a la administración construirán una propuesta en común para la formalización, cumplimiento de las normas y fortalecimiento de la oferta social.


1.2 Recuperación del espacio Público:

La recuperación del espacio público surge como una prioridad pare el desarrollo sostenible de la ciudad, ya que el impacto sobre el bienestar y la vida comunitaria en la población Bumangués es Alto. La gestión del Gobierno municipal debe partir del conocimiento claro de las normas que rigen la materia para orientar su acción hacia el fortalecimiento de la legislación local y la reglamentación de la misma de acuerdo con las características particulares de la ciudad.

La recuperación física del espacio público, en sí misma, debe ser entendida como una actividad final de un proceso, que depende, en buena medida, de la adecuada administración del patrimonio inmobiliario. El desarrollo de procesos exitosos de organización, sistematización y saneamiento jurídico de la propiedad inmobiliaria pública y el accionar articulado de la Institución hacia el cumplimiento de las normas por los ciudadanos.


1.3 Espacio Público, espacio de todos y una responsabilidad compartida: Campaña orientada a la motivación de la responsabilidad ciudadana en el cuidado, mantenimiento y protección del espacio público


2. Smart Bucaramanga : Nuestro objetivo supremos es la mejora de las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. La tecnología se presenta hoy como herramienta de valor para reducir la brecha social, es así que buen uso será el capital económico semilla para cumplir con nuestro objetivo supremo.


2.1 Smart Security: El primer paso para ser una ciudad inteligente, es ser una ciudad segura, donde el ciudadano tenga las condiciones necesarias para desarrollarse: Construiremos el gran centro integrado de comando y control de la Ciudad, donde convergen todos los asuntos de seguridad pública como los son la administración de las situaciones de emergencia, movilidad y seguridad ciudadana. Se tendrá de la mayor tecnología posible con el objetivo de tener el centro de “alta producción de la información” que permita una mejor gestión de la ciudad basada en datos y estadísticas. La sistematización de los procesos relacionados con la seguridad ciudadana, nos permitirá mejorar la trazabilidad y dar las herramientas apropiadas para el juzgamiento de los individuos y articulación apropiada a la legalidad


2.2 Seguridad Ciudadana, bien público eje de desarrollo social: Campaña para la Construcción de legitimidad y confianza desde la gestión local en Políticas de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La violencia es una amenaza a la gobernabilidad; deteriora la calidad de vida afectando toda relación. Por ello es imprescindible contar con la voluntad política y el liderazgo de las autoridades locales, promoviendo un ejercicio de gestión corresponsable de la seguridad con la ciudadanía en general, el sector privado, la academia, y otros sectores de la sociedad, de tal manera que puedan formularse Políticas de Seguridad Ciudadana con vocación de continuidad a largo plazo.


​3. Fortalecimiento institucional

3.1 Alcaldía Digital 1.0: Somos una empresa social de servicios, y la tecnología es la gran herramienta para la reducción de la brecha social, permitiendo el fortalecimiento de la transferencia, seguimiento y cumplimiento de la acción administrativa con la comunidad. Los ciudadanos podrán realizar todas las gestiones que se realicen en La alcaldía de forma virtual, mejorando el seguimiento de las acciones y aumentando la transparencia.

3.2 Servicios transversales: Generación de convenios administrativos que mejoraren los procesos y trámites en la inscripción, creación y el cumplimiento de los requerimientos de ley para funcionamiento de las empresas y los servicios que presta la Alcaldía a la comunidad


4. Herramientas para el impulso:


4.1 Alianzas con Entidades del estado, sector financiero y empresas que busquen el acceso a líneas de créditos y de capital favorables para sector productivo.


4.2 Motivación de alianzas empresariales que busquen la generación de empleo y la responsabilidad social empresarial.


4.3 Presentación de incentivos tributarios y tarifas preferenciales para motivar el empleo y la equidad:

-Incentivos tributarios para la formalidad: Ser legal paga: Descuento en el impuesto de industria y comercio a 3 años para las empresas que estén al día con el cumplimiento de todas las obligaciones de impuestos municipales y que tengan toda la documentación en regla.

-Incentivo a la Legalidad para el empleo: Descuentos en los impuestos de industria y comercio e impuesto predial para las empresas que aumenten “10%” los empleos directos, de periodo indefinido o definido mayor a 1 año.


5. Campañas para aumentar el pago de los impuestos.


5.1 Yo confío yo doy más : Pago extra, voluntario y definido por la comunidad para la inversión de los impuestos en proyectos prioritarios.


5.2 Depuración de base de datos de impuestos y ejecuciones fiscales: La falta de sistematización es uno de los grandes focos de corrupción y perdida de los recursos públicos.


El fortalecimiento de territorios inteligentes, planificados con capacidad de generación de oportunidades de alto valor para sus habitantes, a partir de su capacidad de estimular en la población productiva, las mejores prácticas donde la legalidad es el componente real de un futuro próspero y sostenible; este es el marco donde las anteriores acciones nos permitirán afianzar que la legalidad te da Futuro.


Parte I

Legalidad te da Futuro

Ing. Iván Guillermo Ramírez Zambrano




[1] Campaña enmarcada en la experencia liderada por Ing. Iván Guillermo Ramírez Zambrano en secretaria de Hacienda del Municipio de Floridablanca enre los años 2014 (abril) y 2015 Diciembre.

[2] Documento CONPES 3718

[3] CEPAL - Serie Políticas sociales N139 - La corrupción y la impunidad en el marco del desarrollo en América Latina y el Caribe: un enfoque centrado en derechos desde la perspectiva de las Naciones Unidas


Referencias bibliográficas de la sección:

CEPAL. (2001). Desarrollo económico local y descentralización en América Latina: un análisis comparativo. Santiago de Chile.

Varisco, C. (2007). SISTEMA PRODUCTIVO TURÍSTICO Y DESARROLLO LOCAL. Ciencias Sociales Online. Vol. IV, No. 2. Universidad de Viña del Mar- Chile. .

Vázquez, A. (2001). Desarrollo endógeno y globalización. Homo Sapiens.

Vázquez, A. (2007). Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo territorial. Investigaciones Regionales, núm. 11, pp. 183-210.


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